El 3 de marzo de 2026, la diputada Rosángela Amairany Peña Escalante llevó a la tribuna del Congreso del Estado de Sonora una iniciativa para modificar la Ley de Responsabilidades y Sanciones de la entidad. Según difundió la propia legisladora, el documento llevó la firma de diputados de tres bancadas: PES, Morena y PVEM.
El eje de la propuesta fue incorporar de manera explícita el acoso sexual y el hostigamiento sexual al catálogo de faltas administrativas graves. Con ese cambio, los servidores públicos que incurran en estas conductas podrían ser removidos de su puesto e inhabilitados para desempeñar funciones en el servicio público.
El texto distingue ambas figuras. El acoso sexual se describe como una conducta de carácter sexual o lascivo no consentida por quien la recibe, con independencia de que exista una relación de jerarquía, siempre que vulnere su dignidad o genere un entorno de trabajo hostil. El hostigamiento sexual corresponde a la misma conducta cuando la ejerce alguien con un cargo superior o con poder sobre una persona subordinada. Al justificar la reforma, Peña Escalante señaló: “El planteamiento establece que estas conductas no estaban previstas de forma expresa en la legislación vigente.”
Además de las sanciones, la iniciativa plantea un esquema integral que abarca prevención, protección y castigo, y busca reforzar el protocolo vigente en la administración pública estatal para atender estos casos.
Tras su presentación en marzo pasado, la propuesta fue enviada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso local para su análisis.